La Junta de Andalucía tiene obligación de paralizar las actividades de REPSOL en Doñana, así se lo traslado la Mesa de la Ría en una reunión celebrada en el día de ayer a la Delegada de Medio Ambiente en Huelva Carmen Lloret, a la que se le informó sobre la inexistencia de la AAU que debería haber emitido su propio organismo, así como la obligatoriedad de paralizar la actividad de REPSOL.
En el Ayuntamiento de Huelva la Mesa de la Ría, movimiento ciudadano con representación municipal, insistirá nuevamente en la obligatoriedad de dar fin a los vertidos ilegales de REPSOL en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Huelva, una instalación que fue financiada con fondos Europeos FEDER y que se utiliza fraudulentamente para un gran volumen de vertidos de aguas geológicas contaminadas de formación, cuyo transporte de mas de 18.000 camiones cisterna anuales se irá incrementándose exponencialmente conforme se agote el yacimiento de gas, circulando por caminos forestales del entorno de Doñana y que siendo asfaltados con fondos FEDER, impactan en zonas hábitat de especies como el lince ibérico sin autorización ambiental.
El gas se inyecta en los gaseoductos que atraviesan y fracturan espacios y ecosistemas de la Red Natura 2000, sin que se hayan previsto los impactos ambientales de las distintas actividades sectoriales de REPSOL, incumplimiento en el que España vuelve a reincidir.
