La Mesa de la Ría pide al Pleno del Ayuntamiento de Huelva que declare Persona “non grata” a Mariano Rajoy
Para la Mesa de la Ría, el 14 de marzo de 2016 será recordado como un día triste en la historia de Huelva. Dicha efeméride pasará a la historia como el día en el que se hizo pública la decisión del Ministerio de Medio Ambiente en la que se declaraba como “idóneo” el proyecto de enterrado de las balsas de fosfoyesos bajo una fina capa de tierra.
Parece ser que de nada han servido las continuas muestras de oposición manifestadas desde la propia ciudadanía, desde decenas de colectivos sociales de todo tipo y desde las principales fuerzas políticas que se manifestaron de manera unánime contra este proyecto el pasado 3 de diciembre. El Gobierno dirigido por Mariano Rajoy, ha optado por condenar a las generaciones venideras a un futuro en el que nuestra ciudad no pueda disfrutar de su entorno natural, así como a vivir bajo un continuo y permanente riesgo para la salud.
Del mismo modo, al Sr. Rajoy se le ha olvidado la promesa de retirar los fosfoyesos que hiciera en su visita a Huelva el 5 de mayo de 2011, durante la campaña electoral para las municipales en la que su partido obtuvo la alcaldía de la ciudad. Se le olvidó además, cuando nombró en abril de 2014 a la Sra. Isabel García Tejerina, ex directiva de Fertiberia, como Ministra de Medio Ambiente, nombramiento realizado precisamente en el momento en el que dicho Ministerio tenía que tomar la decisión sobre la restauración que Fertiberia debía llevar a cabo en la marisma de Huelva.
Para la Mesa de la Ría, este ejemplo “de libro” de lo que significa el término “puertas giratorias” ha terminado de consumar la traición del Sr. Rajoy hacia la ciudad de Huelva y hacia su sufrida población, aquella a las que ha menospreciado durante años a cambio de devolver favores al empresario Villar Mir, muy en la actualidad hoy día por aparecer su nombre permanentemente ligado a oscuras maniobras políticas y económicas.
Esta situación ha desembocado en la decisión tomada de condenar a Huelva a la pérdida para siempre de 1200 hectáreas de su entorno natural. La responsabilidad última de la no aplicación del principio de “quien contamina paga” recae en el representante político que toma la decisión o permite que otros lo hagan. No podemos obviar que los tribunales de justicia encomendaron al Ministerio que decidiera sobre el proyecto de restauración que debería acometer Fertiberia, y por lo tanto, podrían haber optado por algún otro plan alternativo que devolviera el patrimonio natural esquilmado a su estado original, pero no fue así, muy al contrario aceptaron el proyecto de mínimos presentado por la empresa condenada judicialmente por dicho vertido, es decir, aquél que se limitaba a enterrar los fosfoyesos, nuestra marisma, nuestro futuro y lo que es peor, nuestra dignidad bajo una fina capa de tierra.