MESA DE LA RÍA SOLICITA AL MINISTERIO LA CADUCIDAD DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE FERTIBERIA PARA LOS FOSFOYESOS
De estimarse favorablemente, el proyecto tendría que ser sometido nuevamente a evaluación ambiental por parte del órgano estatal
Mesa de la Ría ha dirigido esta mañana un escrito al Ministerio para la transición ecológica en el que se solicita que declare caducada la Declaración de Impacto Ambiental que emitió en octubre de 2020, al haber transcurrido los cuatro años que establece la Ley de Evaluación Ambiental sin que el citado proyecto haya sido aprobado y ejecutado.
Hay que recordar que pese a que Fertiberia ha comenzado a efectuar “movimientos de tierra” sobre las balsas, éstas actuaciones no pueden considerarse como un inicio de la ejecución del proyecto Restore 2030 porque éste no ha sido autorizado ni por el Ministerio de transición Ecológica como órgano competente para ello, ni por la Audiencia Nacional como la instancia judicial que está evaluando cual será el proyecto de restauración medioambiental que finalmente deberá ejecutar Fertiberia como entidad condenada por la justicia a reparar el daño causado al medio ambiente tras décadas de vertidos ilegales de sus residuos a la marisma.
Para Mesa de la Ría no concurren en este caso ninguno de los supuestos de prórroga temporal que establece la Ley de Evaluación Ambiental para extender los efectos de la Declaración de Impacto Ambiental más allá de la fecha de vigencia de cuatro años estipulada con carácter general en dicho texto legal.
La organización política Mesa de la Ría, quien también ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa contra la autorización ambiental integrada (AAI) del proyecto de Fertiberia, quiere animar a cuantos colectivos sociales se han posicionado históricamente contra el proyecto de Fertiberia para que soliciten igualmente la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental, sumándose así a la petición ya realizada por Mesa de la Ría.
Cabe recordar que la actual declaración ambiental se circunscribe únicamente a las zonas 2 y 3 de las balsas, por lo que el propio Ministerio alertó a la Audiencia Nacional (a través de un escrito de la Abogacía del Estado) sobre la necesidad de tramitar una nueva declaración de impacto ambiental que englobe la totalidad de las zonas concesionadas, considerando como alternativa la retirada gradual de los residuos de la marisma.