MESA DE LA RÍA RESPONDE AL GOBIERNO: LA SUPERVISIÓN NO EXIME DE RESPONSABILIDAD EN LA AUTORIZACIÓN DE UN PROYECTO PELIGROSO PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE
Ante las recientes declaraciones del Gobierno en sede parlamentaria, en las que se afirma que existe “supervisión” del proyecto RESTORE 20/30 de Fertiberia, Mesa de la Ría quiere manifestar su absoluto rechazo a la estrategia de eludir responsabilidades mediante vaguedades administrativas.
El Gobierno de España ha sido parte activa en la aprobación del proyecto de clausura de las balsas de fosfoyesos, al otorgar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable que excluye deliberadamente el análisis de la estabilidad de las balsas, omite la recuperación real de la marisma y deja fuera la Zona 4, donde se vertieron residuos radiactivos procedentes del accidente de Acerinox. Esta actuación, lejos de garantizar la protección ambiental, consolida un modelo de sellado químico de residuos que vulnera los principios básicos de restauración y recuperación ecológica exigidos por la normativa estatal y comunitaria.
El reciente informe técnico del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, encargado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, corrobora de forma contundente las advertencias del Comité de Expertos impulsado por el Ayuntamiento de Huelva, formado por científicos de la Universidad de Huelva, Sevilla y otros organismos públicos. Este informe alerta de la presencia de sustancias peligrosas en los residuos, así como del riesgo real para aguas subterráneas, atmósfera y suelos, y señala graves carencias en el proyecto RESTORE 20/30.
Es inaceptable que el Gobierno intente ahora deslindarse de su propia responsabilidad, cuando ha aprobado la DIA, ha permitido que Fertiberia presente un proyecto fragmentado, y ha ignorado tanto las recomendaciones científicas como las posibles alternativas de reutilización de los fosfoyesos promovidas por universidades españolas con financiación europea.
El portavoz de Mesa de la Ría Rafael Gavilán recuerda que tanto la DIA estatal como la Autorización Ambiental Integrada (AAI) otorgada por la Junta de Andalucía han sido recurridas judicialmente por nuestra organización, y que el expediente administrativo evidencia una absoluta falta de control técnico sobre aspectos clave como la estabilidad geotécnica, la hidrogeología del estuario o el impacto sobre la salud pública.
En lugar de «supervisar», lo que debe hacer el Gobierno es retirar la DIA, asumir su responsabilidad institucional, y exigir la restauración integral de la marisma conforme a los estándares científicos y legales aplicables, incluyendo la retirada de residuos peligrosos y la recuperación del dominio público marítimo-terrestre.
La ciudadanía de Huelva no tolerará más negligencias encubiertas con palabras vacías. No queremos fosfoyesos sellados, queremos marismas vivas.
