MESA DE LA RÍA LLEVA A LOS TRIBUNALES LA AMPLIACIÓN DE ATLANTIC COPPER POR INCUMPLIR EL PGOU Y LOS ACUERDOS DE 1991 PARA RECUPERAR LA RÍA DE HUELVA
La formación política solicita la nulidad de la licencia de CirCular y la paralización de las obras pendientes. Responsabiliza a la alcaldesa Pilar Miranda de no haber resuelto durante años las reiteradas denuncias por irregularidades urbanísticas.
La formación política Mesa de la Ría de Huelva ha formalizado una demanda contencioso-administrativa solicitando la nulidad de pleno derecho de la licencia de obras concedida a Atlantic Copper para el proyecto CirCular, así como la paralización cautelar de las obras pendientes.
La demanda denuncia que el Ayuntamiento ha autorizado una nueva industria pesada de tratamiento y fundición de hasta 60.000 toneladas anuales de residuos metálicos, con nuevas instalaciones y tres chimeneas —una de 25 metros y dos de 75—, contraviniendo las determinaciones urbanísticas del PGOU de Huelva.
Mesa de la Ría recuerda que los Acuerdos de 22 de marzo de 1991 establecieron la recuperación progresiva de la avenida Francisco Montenegro, la modernización de las industrias existentes y la localización preferente de las nuevas industrias pesadas en el Puerto Exterior. Estos compromisos quedaron incorporados al artículo 414 del PGOU de 1999.
Treinta y cinco años después, en lugar de recuperar la ría, se permite ampliar la fundición de cobre y acercar nuevas instalaciones industriales al Ensanche Sur.
«Huelva lleva 35 años esperando que se cumplan los acuerdos para recuperar su ría. Mientras tanto, los gobiernos municipales siguen permitiendo que Atlantic Copper amplíe sus instalaciones y levante nuevas chimeneas junto a la ciudad. Han convertido el PGOU en papel mojado», denuncia Rafael Gavilán, portavoz de Mesa de la Ría.
La demanda pone de manifiesto una contradicción especialmente grave: en 2003, los servicios técnicos municipales informaron desfavorablemente la construcción de una central de ciclo combinado de Endesa por considerarla una nueva industria contraria al PGOU y a los Acuerdos de 1991.
Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló aquella denegación al entender que Endesa modernizaba una actividad existente, estableció expresamente la distinción entre modernización e implantación de nuevas actividades industriales. Ahora, sin embargo, el Ayuntamiento autoriza una nueva línea de fundición que no sustituye la anterior y permite levantar tres nuevas chimeneas.
Especialmente grave resulta la construcción de una chimenea industrial de 25 metros de altura en pleno polígono de Las Transversales de la avenida Francisco Montenegro, una zona de transición hacia la ciudad donde el PGOU contempla usos Logístico-Industriales y Terciario-Portuarios, y donde el propio Plan Especial Portuario establece actividades de industria ligera, comerciales y de servicios.
En este entorno ya existen restaurantes, bares y cafeterías, salones de bodas y celebraciones, centros de convenciones, gimnasios, centros deportivos, pistas de pádel, centros de formación profesional, comercios, exposiciones comerciales, oficinas, establecimientos de servicios, instalaciones de ocio y empresas de logística y transporte.
Entre los establecimientos identificados en el polígono y sus proximidades figuran el Complejo Rafael-Cartuja, Jardines del Odiel, el Kiosco Manolín, Pádel Indoor La Ría, DragonBox y la Fundación Laboral de la Construcción, además de numerosos comercios, talleres y empresas de servicios. Se trata de un entorno donde trabajan, practican deporte y se reúnen habitualmente numerosas personas.
«Es un auténtico disparate permitir una nueva instalación de trituración de residuos metálicos, con una chimenea de 25 metros, en medio de una zona donde hay restaurantes, salones de celebraciones, gimnasios y centros deportivos. El planeamiento contemplaba precisamente la transformación de este espacio hacia actividades compatibles con la ciudad, no convertirlo en una prolongación de la fundición de cobre», denuncia Gavilán.
La ampliación se ha autorizado pese a que la zona industrial de Huelva ya registra superaciones del valor objetivo anual de arsénico, un contaminante cancerígeno cuya presencia atmosférica ha sido relacionada científicamente con las emisiones de la fundición de cobre de Atlantic Copper.
Los informes oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica registraron en la estación de La Rábida 8,4 ng/m³ en 2023 y 6,5 ng/m³ en 2024, frente al valor objetivo anual de 6 ng/m³. Todo ello antes de la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones de CirCular.
«Si la fundición existente ya contribuye a una contaminación por arsénico que supera los valores establecidos para proteger la salud, ¿cómo se justifica autorizar nuevas chimeneas sin resolver antes este problema? Huelva no necesita más fundiciones. Necesita descontaminación», afirma Gavilán.
Mesa de la Ría denuncia también las contradicciones de los estudios encargados por la propia industria. En 2006, la Asociación de Industrias Químicas y Básicas de Huelva (AIQB), de la que formaba parte Atlantic Copper, recurrió el Plan Parcial del Ensanche Sur y presentó un informe pericial que advertía de los riesgos para la salud y la seguridad derivados de acercar las viviendas a las instalaciones industriales de Punta del Sebo.
Años después, Atlantic Copper contrató a esa misma consultora para elaborar los estudios ambientales y de impacto en la salud de CirCular. En esta ocasión, su valoración sanitaria consideró únicamente 47 residentes existentes, sin incorporar de manera equivalente los miles de habitantes previstos por el planeamiento residencial del Ensanche Sur, aprobado antes del proyecto industrial.
«Cuando las industrias querían impedir que Huelva creciera hacia su ría, sus propios peritos advertían de los riesgos para la salud de acercar las viviendas a las fábricas. Ahora, cuando Atlantic Copper pretende acercar nuevas instalaciones industriales a esas mismas viviendas, el peligro parece desaparecer de los estudios. Es una doble vara de medir escandalosa», sostiene el portavoz.
Mesa de la Ría recuerda que denunció las irregularidades de CirCular en septiembre de 2022 y que reiteró formalmente la solicitud de revisión de oficio en marzo de 2024, ya durante el mandato de Pilar Miranda, además de presentar una nueva denuncia urbanística en mayo de ese año.
Pese a la gravedad de los incumplimientos denunciados y al tiempo transcurrido, el Ayuntamiento no ha dictado una resolución expresa que resuelva el fondo de las solicitudes de revisión.
«La licencia se concedió con Gabriel Cruz, pero Pilar Miranda lleva más de tres años gobernando y no puede seguir mirando hacia otro lado. La responsabilidad política de mantener esta situación sin resolver es suya. Ha tenido tiempo de revisar la licencia y de exigir el cumplimiento del PGOU, pero las obras han seguido adelante», denuncia Rafael Gavilán que concluye:
«Pilar Miranda debe explicar por qué su Ayuntamiento no ha revisado una licencia cuestionada por incumplimientos urbanísticos tan graves. Mesa de la Ría ha tenido que acudir a los tribunales para exigir lo que el Ayuntamiento debería haber hecho: defender la legalidad urbanística, proteger la salud de los ciudadanos y cumplir, de una vez, los acuerdos para recuperar nuestra ría».
