La historia reciente de la capital onubense y de localidades como San Juan del Puerto o Palos de la Frontera, su desarrollo económico y demográfico, están marcados inevitablemente por la presencia de la industria química. Desde que en los años 60 se proyectara el polo industrial, la fisonomía de la ciudad cambió, pero también lo hizo el nivel de vida y todo lo que ello conlleva, ya que miles de familias vivían directa o indirectamente de la actividad industrial en Huelva. La última gran empresa que llegaría al Polo Químico por aquella época sería Enagás, que en enero implantaba su potente proyecto en Huelva.
Pero por ese desarrollo había que pagar un precio, y la cuenta no era precisamente barata. Si en el 86 tuvo lugar un episodio de muerte masiva de peces en la ría, en febrero del 87 la Consejería de Sanidad prohibía el marisqueo en el litoral por contaminación. Más de 500 mariscadores resultaron afectados y la Junta de Andalucía anunció que procedería al cierre rotatorio de las industrias del Polo para frenar el fenómeno, cosa que las empresas afectadas consideraron una acción desproporcionada. Finalmente, administración y empresas firmaron un acuerdo para poner en marcha medidas anticontaminantes, para lo que la Junta de Andalucía se comprometió a aportar 6.000 millones de pesetas.
No obstante, mientras en la calle se sucedían las protestas contra las consecuencias de la actividad de la industria química, la Administración andaluza, de acuerdo con la Ley de Protección de Costas de 1980, obligó a reducir en marzo la producción de fosfórico, y en abril anunció que consideraba descontaminado el litoral al descender el nivel de metales pesados.
Sin embargo, no todos eran tan optimistas sobre el estado de las aguas onubenses: Greenpeace protagonizó protestas, como la que en septiembre llevó a varios activistas a encadenarse a un buque de Tioxide para llamar la atención sobre los vertidos al mar. En octubre, mientras Ence anunciaba su inminente privatización, el Patronato de Marismas del Odiel solicitaba a la Agencia de Medio Ambiente la aceleración de la implantación de los sistemas de control de vertidos. Fue la agencia la que en noviembre estimaba un plazo de dos años para considerar a Huelva descontaminada, al tiempo que la Administración presentaba el Plan de Control de Emisiones Atmosféricas y se disponían 11 vertederos controlados.
FUENTE: Huelva Información