Por un órgano interadministrativo como solución a los Fosfoyesos

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MESA DE LA RIA SOLICITARÁ AL PLENO LA CREACIÓN DE UN ÓRGANO INTERADMINISTRATIVO QUE ACELERE LA SOLUCIÓN DE LOS FOSFOYESOS E INSTE AL GOBIERNO A DENEGAR EL PROYECTO DE TAPADO.

Ante el Riesgo de Colapso de los fosfoyesos, pedirá igualmente que el Ministerio exija a Fertiberia a que aporte a la Comisión de Expertos los controles periódicos de topografía

El colectivo planteará nuevamente en el próximo pleno municipal la creación de una comisión interadministrativa, en la que participarían el Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva, para que se le encomiende la gestión para avanzar administrativa, jurídica y técnicamente en la solución «definitiva» a las balsas de fosfoyesos.

El rechazo de ésta moción por todos los grupos políticos hace dos años, ha venido a demostrar que se ha perdido ese tiempo, porque la Comisión de Expertos creada al amparo del órgano de participación de los fosfoyesos no tiene capacidad administrativa siquiera para acceder a las balsas. En opinión de Mesa de la Ría, aún estamos en el mismo punto de partida en el que nos encontrábamos entonces.

Para Mesa de la Ría, esta comisión interadministrativa sería la única opción para que de una vez por todas se alcance con urgencia una solución a la problemática de las balsas de fosfoyesos, ya que nos encontramos ante un típico caso de competencias concurrentes de distintas administraciones, en las que ninguna de ellas, por sí sola, puede alcanzar una decisión o dictamen definitivo, pues las competencias individuales de cada una de ella, se solapan a la hora de alcanzar una posible solución definitiva.

Por un lado, la Administración del Estado está ejerciendo las competencias encomendadas por la Audiencia Nacional a la hora de evaluar el proyecto de enterrado de las balsas de fosfoyesos presentado por Fertiberia y las que le corresponden en la pertinente evaluación de impacto ambiental del citado proyecto. Al mismo tiempo, la administración autonómica en el marco de sus competencias en materia medioambiental, debe tramitar la correspondiente Autorización Ambiental Integrada (AAI) para el proyecto que se pretenda ejecutar, así como la pertinente evaluación de impacto sobre la Salud. Por último, el Ayuntamiento de Huelva, como único órgano competente en el planeamiento urbanístico de la ciudad, deberá evaluar si el proyecto que se pretenda llevar a cabo encaja en las directrices urbanísticas existentes para la zona afectada. Dictamen, que por otro lado, de resultar negativo sería de carácter vinculante.

Por todo ello, resulta más que evidente la necesidad de coordinación entre las tres administraciones implicadas para lograr alcanzar una solución de manera conjunta, para lo que la figura del convenio interadministrativo de colaboración, con la creación de un órgano ‘ad hoc’ al que se le encomiende la gestión del problema, y la capacidad de tomar decisiones con carácter vinculante, solucionaría esta posible disparidad de decisiones.

Para la Mesa de la Ría resultan evidentes las carencias y la falta de efectividad de la actual órgano de participación municipal, ya que dicho órgano carece de la capacidad de tomar decisiones de obligado cumplimiento para las partes implicadas, tratándose ésta poco menos que de una «mesa de oyentes». Es más, el comité de expertos emanado de dicho órgano, ni siquiera cuenta con la disponibilidad presupuestaria para poder ejercer su labor, tampoco podría imponer la solución o soluciones que propongan, ni tan siquiera tiene en la actualidad la posibilidad de acceder a las balsas de fosfoyesos para desarrollar la necesaria labor de estudio y medición sobre el terreno.

Es necesario resaltar que el comité de expertos carece tanto de disponibilidad económica como de capacidad jurídica, ambas necesarias para que sus estudios puedan desarrollarse. A modo de ejemplo, actualmente ni siquiera pueden recepcionar la aportación económica de 100.000 euros aprobada en el último pleno, ya que al carecer de forma jurídica, la misma sólo podría entregarse a título particular a alguno de los investigadores, con los perjuicios fiscales que ello podría ocasionarle. Todos estos inconvenientes quedarían solventados si los gastos económicos fuesen sufragados desde la mencionada comisión interadministrativa que Mesa de la Ría propone.

Del mismo modo, se solicitará que se inste al Ministerio de Medio Ambiente a que resuelva de una vez, y por supuesto de manera negativa, la Evaluación Ambiental del proyecto de enterrado de las balsas presentado por Fertiberia.

RIESGO DE COLAPSO DE LAS BALSAS

Ante el anunciado riesgo de catástrofe y colapso en las balsas y, para agilizar los estudios, Mesa de la Ría pide al ayuntamiento que inste al Ministerio de Medio Ambiente a que requiera a Fertiberia los datos de los controles periódicos de topografía del apilamiento de la zona 2 de las balsas de fosfoyesos, así como los datos de mediciones de piezómetros e inclinómetros a los que se hace referencia en el Proyecto Constructivo proporcionado para su Evaluación Ambiental, actualizados a día de hoy y que éstos les sean enviados al Comité de Expertos.