[25.nov.2017)
MOCIÓN QUE PRESENTA MESA DE LA RÍA DE HUELVA PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN EN PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA, PARA QUE EL AYUNTAMIENTO CONVOQUE A LA MESA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA AVDA. FRANCISCO MONTENEGRO, SEGÚN LOS ACUERDOS APROBADOS EN EL AÑO 1991, GARANTIZANDO EN LA MISMA LA PARTICIPACIÓN DE TODO EL TEJIDO ASOCIATIVO CIUDADANO Y ADOPTE LAS MEDIDAS URBANISTICAS NECESARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA PUNTA DEL SEBO POR LA ACTUAL CORPORACION.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Puerto de Huelva, ante el cierre paulatino de las industrias químicas pesadas ubicadas en Francisco Montenegro, como FORET, RHODIA-Nilefos y Fertiberia (sección sulfúrico), está cediendo nuevamente terrenos públicos por medio de concesiones administrativas para nuevos usos y nuevas industrias en Francisco Montenegro, haciéndolo sin que los ciudadanos hayan decidido en democracia el destino de esos terrenos, al margen por tanto de la preceptiva participación ciudadana, y obviando la necesaria descontaminación previa de los suelos contaminados, actuando con el total desconocimiento de la Junta de Andalucía y del propio Ayuntamiento.
Prueba de ello es el anuncio publicado en BOE de 28 de agosto de 2017, por medio del cual hemos tenido conocimiento de la solicitud presentada por la empresa «Huelva Área Logística Integral, S.L.», de una concesión administrativa de 9 hectáreas de suelos sin descontaminar en la Punta del Sebo, procedimiento de concesión que ha sido alegado por Mesa de la Ría.
De la misma manera, Fertinagro (actual Nutrifeed-Forte) está siendo beneficiaria de adjudicaciones de nuevos suelos sin proceder a su descontaminación y lo que es más grave, sin revertir el suelo para el destino demandado por la ciudadanía: la recuperación de los mismos para uso y disfrute de la población.
Los Acuerdos del año 1991 para la recuperación de la Avenida Francisco Montenegro, firmados por los que se consideraron a sí mismos “agentes sociales”, fueron incluidos en el Plan General de Ordenación Urbana de Huelva aprobado en el 99 y redactado durante el primer gobierno en minoría del Alcalde Pedro Rodríguez (PP). En ellos, se hacía constar textualmente que los terrenos de la Avda. Francisco Montenegro serían recuperados progresivamente para la ciudad de Huelva una vez que las industrias allí asentadas finalizaran sus ciclos de vida útil. Los firmantes de tales acuerdos fueron las siguientes instituciones y personas:
- ADMINISTRACIONES: D. Juan Ceada (Ayuntamiento de Huelva), D. Carlos Sánchez Nieva (Junta de Andalucía) y Dña. Violeta Alejandre (Gobierno Central).
- PARTIDOS POLÍTICOS: D. Carlos Navarrete (PSOE), D. José Quintero (IU), D. Cristóbal Batanero (CDS) y D. José Manuel Muiño (PA).
- SINDICATOS: D. José Lagares (CCOO), D. Francisco Orta (UGT).
- PATRONAL: D. Antonio Ponce (FOE), D. Juan Manuel Díaz Cabrera (AIQBE).
Estos acuerdos, que sirvieron para descartar la situación de “fuera de ordenación” con la que el anterior Plan General de 1980 trató de calificar a la industria química pesada asentada en Francisco Montenegro al considerar “absolutamente inadecuado el emplazamiento actual del Polo Químico”, supusieron en realidad un paso atrás, una prórroga a la industria contaminante firmada por los denominados “agente sociales” al margen de cualquier atisbo de participación ciudadana. De hecho, la orden Ministerial de 12 de julio de de 1980 de aprobación del PGOU en su apartado 2.1.3. dejó “en suspenso los mecanismos previstos para el desarrollo de la Punta del Sebo” que finalmente fueron descartados en el Plan de 1999, sustituyendo la situación de “fuera de Ordenación” del anterior plan, por estos denominados de reubicación o “acuerdos para la recuperación de Francisco Montenegro”.
Pese a laxitud de los mismos, estos acuerdos de 1991 además fueron incumplidos secuencialmente, años después, por las mismas instituciones y agentes sociales que los firmaron, concretamente en lo referido al interés general para la “recuperación progresiva y escalonada” de esos terrenos para la ciudad, con las consecuencias catastróficas sociales, económicas y ambientales que ello supuso para la ciudad de Huelva y que Mesa de la Ría alertó en 2002 y que ahora, nadie discute:
1.- El primer incumplimiento de los acuerdos se produjo en 1993 con desastrosas consecuencias para la ciudad. El reflotamiento económico de la industria de Fertilizantes mediante inyecciones de dinero público (encubiertas como subvenciones) a FESA-Fertiberia, junto a Atlantic Copper (Freeport Macmoran de Henry Kissinger) según los pactos multilaterales de una Junta de Andalucía presidida por Manuel Chaves con estos conglomerados empresariales en torno al proceso de ataque del ácido sulfúrico de Atlantic Copper a los fosfatos de FERTIBERIA Y FORET, nuevamente al margen del interés, conocimiento y participación de la sociedad onubense. Este reflotamiento de FESA-FERTIBERIA, permitió a Villar Mir adquirir una empresa totalmente saneada con dinero público al precio simbólico de una peseta por acción, lo que le supuso un ridículo desembolso de 4.453 €, pero a su vez la empresa adquirida era beneficiaria de una subvención encubierta en un préstamo de 51.086.028 € que el ICO (Instituto de Crédito Oficial) había concedido a ERCROS para la ampliación de capital de su filial FESA (FERTIBERIA), siendo su presidente Josep Piqué, quien tres años después fue nombrado Ministro de Industria y Energía en el gobierno de Aznar.
2.- El segundo incumplimiento de los acuerdos de 1991 sumaba un nuevo matiz, pues éstos se habían incluido en la revisión del PGOU de 1999. La controvertida instalación de la nueva central térmica de Ciclo Combinado “Cristóbal Colón”. Iniciada en 2005 con una medida cautelar, se construyó al margen del plan General de Huelva que recogía esos acuerdos, a pesar de la unánime oposición de una ciudadanía movilizada por Mesa de la Ría. Hoy nadie discute que se trata de una industria “nueva” que vulnera el PGOU e innecesaria para el interés general (tal y como alegó en múltiples ocasiones Mesa de la Ría), pues ha sido la propia empresa quien ha solicitado su cierre por estar la mayor parte del tiempo apagada. Sin embargo, todos los “agentes sociales” firmantes de los acuerdos del 91, unos por acción y otros por omisión, tomaron partido en favor de su construcción, incumpliendo sus propios acuerdos firmados.
3.- El tercer incumplimiento de los acuerdos y también del PGOU del 99 que este Consistorio sigue sin revisar, se produjo finalizado el ciclo vital de Fertiberia tras la sentencia de 2007 de la Audiencia Nacional. La Junta de Andalucía concedió en 2008 la Autorización Ambiental Integrada a Fertiberia para seguir produciendo, contaminando y vertiendo fosfoyesos en la marisma, a sabiendas de que la mercantil carecía de título concesional de dichos terrenos por la citada sentencia y la existencia en el expediente de un informe urbanístico negativo que señalaba la ilegalidad de los vertidos respecto al PGOU. El Defensor del Pueblo Español contestó las denuncias de Mesa de la Ría a principios de 2010, señalando que la Autorización Ambiental Integrada concedida por la Junta en abril de 2008, era “Nula de pleno Derecho” y que con su concesión la Junta de Andalucía “infringió el ordenamiento jurídico vigente”. Los vertidos se paralizaron el 31 de diciembre de 2010 y hoy son uno de los mayores problemas ambientales a escala mundial.
4.- El cuarto incumplimiento ocurrió tras el cierre de la multinacional francesa Rhodia que cedió sus instalaciones en una dudosa venta a la empresa testaferro denominada «Nilefos», propiedad del “empresario” Indio Nithin Madhvani. Dicha empresa, cuya sede y capital social estaba afincada en un paraíso fiscal, una vez obtuvo subvenciones de la Junta de Andalucía cerró y abandonó sus instalaciones escapando con los 2,3 millones de euros recibidos. Según palabras de 2009 del entonces Consejero de Empleo, Antonio Fernández, al empresario Indio se le buscaría por “tierra, mar y aire”, con lo que más de ocho años después sin resultados aparentes, nos hace suponer que dicha búsqueda (para vergüenza general) ha resultado infructuosa. Las consecuencias de estar en manos de nefastos gestores ocasionaron no sólo un nuevo incumplimiento de los acuerdos de 1991, sino que además nos acarrearon un coste millonario a las arcas públicas. El peligro de otorgar subvenciones a quien contaba únicamente con una empresa ubicada en un paraíso fiscal, en la cantidad de un 50% de su capital social, ya fue advertido en aquellas fechas por Mesa de la Ría, quien una vez más demostró tener (en este caso tristemente) la razón.
5.- Cerrada Rhodia-NILEFOS, el Puerto transmitió la concesión administrativa de los terrenos de Rhodia a Fertinagro y en 2012 la Junta de Andalucía transmitió la titularidad de la AAI de Nilefos a Fertinagro con numerosas irregularidades, entre ellas que Nilefos obtuvo esa AAI sin ser concesionaria del suelo o sin siquiera haberla pedido antes de huir con las subvenciones, todo ello coincidiendo con la formación de un gobierno Andaluz presidido por el Sr. Griñan (PSOE) y vicepresidido por el Sr. Valderas (IU). Una vez más, la ciudadanía se manifestó el 19 de junio de 2012, por el cumplimiento del PGOU y contra la instalación de la nueva industria Fertinagro, actual Nutrifed Forte, sin que los agentes sociales y administraciones firmantes de los acuerdos del 91 se inmutasen.
Cómo antecedente a estos despropósitos y tras el asunto de la central térmica ilegal de Endesa que llevó a este Consistorio a apoyar en Pleno el “Pacto por la industria y el Medio Ambiente”, documento donde los sindicatos verticales decían cómo se tenía que interpretar éste PGOU: “siempre en beneficio de las empresas”, Mesa de la Ría presentó a este Consistorio en 2003 un total 20.073 firmas solicitando la convocatoria de un Referendum para que los ciudadanos decidieran sobre los usos futuros de Francisco Montenegro. Una consulta popular que, pese a cumplir sobradamente lo requerido por el reglamento de participación ciudadana, no se llevó a efecto.
Sin embargo, mientras Huelva hoy retrocede con ese incumplido sistemáticamente Plan General de Ordenación Urbana, y ante la paralización de nuestra ciudad sumida en el subdesarrollo y el desempleo, este Ayuntamiento y la propia Junta de Andalucía retrasan la redacción y revisión de los planes urbanísticos que podrían servir para que los ciudadanos decidamos un nuevo modelo de ciudad y de aglomeración metropolitana, a la par que el Puerto concede nuevos usos en Francisco Montenegro.
Por otro lado, los diferentes agentes proponen parches a la situación mediante la redacción de diferentes Planes Estratégicos, formulados con “supuestas” encuestas, pero carentes de la necesaria participación ciudadana que promueve la legislación urbanística en el diseño de la ciudad. Prueba de ello es que el Puerto encarga a Deloitte el “Plan estratégico del Puerto”, sin contar con la ciudad. La ciudad encarga otro Plan Estratégico a la Universidad, sin contar con los ciudadanos, la Diputación hace lo propio con el plan estratégico provincial o algunas concejalías empiezan a trabajar en proyectos como Planes Estratégicos propios, todo ello, sin que los ciudadanos y ciudadanas podamos decidir entre tod@s qué Huelva queremos y definir nuestro MODELO DE CIUDAD.
Queda evidenciado que por las imposiciones antes expresadas, Huelva ha carecido hasta la fecha de un modelo de desarrollo urbanístico democrático, transparente y participativo. Habida cuenta de la inacción de este consistorio en la revisión del PGOU hay que buscar formulas imaginativas. El Puerto no es ni mucho menos el único agente que deba tomar en este momento las decisiones en solitario sobre las concesiones para nuevos usos en Francisco Montenegro, sino que se debe apoyar en la participación de toda la ciudadanía.
Los terrenos de la Punta del Sebo se encuentran cada vez más en desuso por la actividad portuaria e industrial pesada, por lo que lo que allí se haga debe venir del acuerdo de interacción Puerto-Ciudad. La tramitación de la “Delimitación de Espacios y Usos Portuarios” (DEUP), ya alegado por Mesa de la Ría, es un instrumento fundamental para plasmar una verdadera interacción Puerto-Ciudad que interesa a todos.
Por todo ello, Mesa de la Ría de Huelva presenta para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, en virtud del artículo 72 y concordantes del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Huelva la siguiente.
MOCIÓN:
PRIMERO.- Para que el Ayuntamiento de Huelva convoque a la Mesa para la Recuperación de la Avda. Francisco Montenegro según los acuerdos aprobados en el año 1991, garantizando en ella la participación de todo el tejido asociativo y ciudadano que lo solicite, para que se decida el uso presente y futuro de esa zona de la ciudad, trasladando los resultados de ese consenso y los acuerdos alcanzados a los organismos encargados de la aprobación de la “Delimitación de Espacios y Usos Portuarios” (DEUP), ahora en tramitación, al futuro Plan Especial Portuario, y se contemplen en la futura revisión del Plan general de Ordenación Urbana de Huelva.
SEGUNDO.- Para que se inste tanto al Puerto como al Gobierno Central, en el marco de la actual tramitación de la “Delimitación de Espacios y Usos Portuarios” a modificar los usos previstos en dicho documento, para incluir los terrenos portuarios ubicados entre la Avenida Francisco Montenegro y la Ronda Sur, como Zona de Interacción Puerto-Ciudad, respetando temporalmente las concesiones administrativas vigentes hasta su caducidad o fin de vigencia.
TERCERO.- Para que el Ayuntamiento lleve a cabo en los terrenos no portuarios de la Punta del Sebo, es decir, en los pertenecientes a la compañía Endesa, las medidas necesarias para efectuar los mecanismos de transferencias de aprovechamiento urbanístico que contempla la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), para que, sin coste adicional para el consistorio pueda adquirir los terrenos actuales de la compañía, y destinarlos a sistema general de espacios verdes de la ciudad en el Entorno al Monumento a Colón, una vez que Endesa pueda cerrar su central Térmica, tal y como se aprobó en la moción de mayo de este mismo año.
