Exigimos información sobre el incendio de Fertinagro

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La Mesa de la Ria exige a la Junta que informe sobre el incendio de Fertinagro-Nutrifeed y los riesgos químicos que sufrimos los ciudadanos.

El colectivo ciudadano recuerda que el Plan de Emergencias Químico, desconocido por los ciudadanos, no se aplica en Huelva en lo relativo a la prevención e información pública.

El incendio acaecido en las instalaciones de Nutrifeed, uno más de los muchos que se producen anualmente en el Polo Quimico y que en esta ocasión ha coincidido con la gravísima explosión química en China, recuerda una vez más a los onubenses la obsolescencia de estas industrias y la dejación en este asunto de las autoridades locales, al igual que ha sucedido con las autoridades Chinas, pues en realidad contamos con un plan de emergencias chapucero e incompleto, y lo que resulta más grave, absolutamente desconocido por los ciudadanos.

La Mesa de la Ria exige que se aclaren todas las incidencias de este incendio, así como los productos químicos que se almacenan en Francisco Montenegro, las medidas de protección adoptadas, las formas de alertar a la ciudadanía (pues no existe sistema de megafonía ni sirenas de alarmas en la ciudad) y las vías de evacuación previstas en caso de accidente.

La Mesa de la Ria recuerda que Fertinagro, quien ahora se denomina Nutrifeed Forte, es una nueva empresa que se instaló en la Punta del Sebo incumpliendo los acuerdos de 1991 y que ha recibido subvenciones de la Junta de Andalucía durante el mandato de Manuel Alfonso Jiménez como Delegado del Gobierno Andaluz, el cual pasó a ocupar tras su cese el puesto de Director de Relaciones Institucionales de esa empresa. Del mismo modo, la Mesa de la Ría considera que la Autorización Ambiental de Fertinagro se otorgó de manera fraudulenta, hechos que están siendo investigados por la Comisión Europea a denuncia de esta organización.

La Mesa de la Ría ha denunciado que mientras el capital social de Nutrifeed Forte asciende a 3.100.000 €, las subvenciones públicas recibidas por esta empresa durante el periodo en el que Manuel Alfonso Jiménez fue Delegado en Huelva del Gobierno Andaluz suponen el 86,63% de dicho capital social, en concreto 2.500.000 €, a lo que se debe sumar los 185.555 € de incentivos por cursos de formación a trabajadores, sobre los cuales a esta organización no le consta que se hayan impartido. Toda esta serie de irregularidades no solo no captaron la atención de las autoridades de la Junta de Andalucía, sino que en contra del deseo de los ciudadanos, del Plan General de Ordenación Urbana, de la legislación vigente y de los acuerdos de 1991, desde el Co-gobierno PSOE-IU se impuso esta nueva industria contaminante en Francisco Montenegro.

Desde la Mesa de la Ría, consideramos que es una muestra más de la dependencia y relación de connivencia del poder político que dirige esta ciudad con respecto a las empresas contaminantes del Polo Industrial. Esta circunstancia, que viene siendo puesta de relieve desde hace más de una década por esta organización definiéndola con el término «mafia química», es la culpable de que Huelva y sus ciudadanos se encuentren a merced de un poder en la sombra, que no es representativo ni ha sido elegido por los onubenses, y que son los culpables de que nos encontremos a la cabeza de los índices de enfermedades, subdesarrollo y de desempleo en Andalucía, ya que los políticos que se someten a estos lobbys suelen velar principalmente por los intereses comerciales y empresariales de este tipo de industrias incumplidoras reiterativamente de la Ley, pues quienes tienen la obligación de hacer que las acaten, en casos como el denunciado se dedican a mirar para otro lado.